Respuesta Rápida:
Colombia avanza el Proyecto de Ley 043 de 2025 (Senado) y 324 de 2025 (Cámara), que ya recibió ponencia positiva y continúa su trámite legislativo, según Ser Colombiano. El proyecto propone un enfoque basado en riesgos para regular la IA, con MinCiencias liderando la gobernanza y la SIC atendiendo protección de datos, derechos del consumidor y competencia.
Puntos Clave:
El Congreso de Colombia continúa avanzando en la construcción de un marco normativo para la inteligencia artificial. Según un artículo publicado por Ser Colombiano, el Proyecto de Ley 043 de 2025 en el Senado y su equivalente 324 de 2025 en la Cámara de Representantes ya recibieron ponencia positiva y continúan su trámite legislativo.
El avance no ocurre de forma aislada. Ser Colombiano enmarca este proceso legislativo dentro de una tendencia regional más amplia, en la que distintos países de América Latina buscan establecer reglas claras para el desarrollo, la implementación y la supervisión de sistemas de inteligencia artificial.
Según Ser Colombiano, el proyecto de ley colombiano propone un enfoque basado en riesgos, en el que las obligaciones regulatorias dependerán del impacto potencial de cada sistema de inteligencia artificial. La fuente señala que el texto pone énfasis en la calidad, la representatividad y la trazabilidad de los datos utilizados por estos sistemas, además de contemplar estudios de impacto y mecanismos de evaluación para identificar riesgos antes de que un sistema de IA entre en operación.
En materia de supervisión institucional, Ser Colombiano indica que el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MinCiencias) lideraría la gobernanza de la inteligencia artificial en el país. La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), por su parte, atendería específicamente la protección de datos personales, los derechos del consumidor y la competencia económica, tres áreas donde el uso de sistemas de IA ya genera preguntas prácticas para las empresas que operan en Colombia.
Por qué importa el enfoque basado en riesgos: un marco que gradúa las obligaciones según el impacto potencial de cada sistema, en lugar de aplicar la misma regla a cualquier uso de IA, reduce la carga regulatoria sobre aplicaciones de bajo riesgo mientras concentra la supervisión en los casos donde el impacto sobre las personas es mayor.
Para las empresas que operan en Colombia, este tipo de enfoque implica que el nivel de exigencia regulatoria no será uniforme. Un sistema de IA usado internamente para automatizar tareas administrativas de bajo impacto probablemente enfrentará menos requisitos que uno que participe en decisiones que afectan directamente a personas, como el acceso a un servicio o la evaluación de una solicitud. Esa distinción, según lo que describe Ser Colombiano sobre el enfoque basado en riesgos, es la que determinará cuánta documentación, trazabilidad y evaluación de impacto deberá acompañar a cada sistema.
Ser Colombiano cita a Jose Luis Jerez, socio de Servicios Legales y Tributarios de Deloitte Spanish Latin America, quien enmarca este proceso legislativo como un punto de inflexión para el país. Según la nota, Jerez afirmó: "La regulación de la inteligencia artificial representa una oportunidad para generar confianza y acelerar una adopción responsable".
La fuente también recoge una segunda declaración de Jerez, en la que plantea el potencial de Colombia dentro del panorama regional: "Colombia tiene la oportunidad de convertirse en uno de los referentes latinoamericanos en materia de IA responsable". Ser Colombiano vincula estas declaraciones a un reporte de Deloitte titulado "El nuevo mapa regulatorio de la Inteligencia Artificial en Latinoamérica", que la nota referencia como parte del contexto de la discusión.
Que una firma de servicios profesionales como Deloitte dedique un reporte completo al mapa regulatorio de la IA en la región es, en sí mismo, una señal de hacia dónde se está moviendo la conversación empresarial. Las compañías que asesoran a clientes corporativos sobre riesgo, cumplimiento y estrategia fiscal no producen ese tipo de análisis salvo que perciban una demanda real de sus clientes por entender qué viene en materia de regulación de IA en cada país donde operan.
Según Ser Colombiano, el panorama regulatorio de la inteligencia artificial en América Latina es desigual entre países. La nota indica que Perú y El Salvador ya cuentan con legislación de IA aprobada, mientras Brasil tiene un proyecto de ley aprobado en el Senado y Chile se encuentra en segunda instancia constitucional de su propio proceso. México, por su parte, ha propuesto la creación de una autoridad nacional especializada en inteligencia artificial, de acuerdo con la misma fuente.
En ese contexto, Ser Colombiano posiciona el avance del Proyecto de Ley 043/324 de 2025 como una señal de que Colombia se ubica entre los países con mayor actividad regulatoria de la región en esta materia, junto a Brasil y Chile, en un momento en el que otras naciones latinoamericanas todavía se encuentran en etapas más tempranas de política pública sobre IA.
Comparación regional, según Ser Colombiano:
Un marco regulatorio de IA basado en riesgos, con entidades definidas como MinCiencias y la SIC, no es solo un asunto de cumplimiento legal para grandes corporaciones. Es una señal de que la forma en que un negocio usa inteligencia artificial, y la forma en que aparece cuando un cliente potencial le pregunta a una IA cuál es la mejor opción en su industria, va a estar cada vez más sujeta a estándares de transparencia y trazabilidad. Los negocios que ya estructuran su presencia digital con esos principios en mente parten con ventaja frente a los que apenas empiezan a pensarlo.
Esto aplica tanto a negocios que operan directamente en Colombia como a negocios en Estados Unidos que atienden clientela latinoamericana o hispana, incluyendo mercados como Houston o Cypress. La conversación regulatoria que describe Ser Colombiano no se limita a las fronteras de un país: cuando un mercado grande de la región empieza a exigir mayor transparencia sobre cómo se usan los sistemas de IA, esa expectativa tiende a extenderse a la forma en que los clientes evalúan a cualquier negocio con el que interactúan, sin importar en qué país esté registrado.
Ahí es donde entra nuestro servicio de Optimización para Motores de Respuesta (AEO). Mientras el marco regulatorio colombiano avanza hacia mayor transparencia y trazabilidad en el uso de la IA, la mayoría de los negocios en Estados Unidos y América Latina todavía no ha estructurado su sitio web, su schema de datos ni sus citas de negocio para que las herramientas de IA los encuentren y los recomienden con confianza. AEO resuelve exactamente esa brecha: estructura tu presencia digital para que ChatGPT, Perplexity y Google AI Overviews te citen como una fuente confiable, no solo para que Google te posicione en una lista de enlaces.
"Cuando un país empieza a exigir trazabilidad y confianza en cómo se usa la IA, los negocios que ya construyeron su presencia digital sobre esos mismos principios son los que quedan visibles. Los demás quedan compitiendo a ciegas."
- Diego Medina F, Fundador de MerchandisePROS
Son las iniciativas legislativas en el Senado (043 de 2025) y la Cámara (324 de 2025) de Colombia que buscan regular el desarrollo, la implementación y la supervisión de la inteligencia artificial en el país. Según Ser Colombiano, el proyecto ya recibió ponencia positiva y continúa su trámite legislativo.
Según Ser Colombiano, el proyecto plantea un enfoque basado en riesgos, en el que las obligaciones regulatorias dependen del impacto potencial de cada sistema de IA, con énfasis en la calidad, representatividad y trazabilidad de los datos, además de estudios de impacto y mecanismos de evaluación de riesgos.
Según Ser Colombiano, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MinCiencias) lideraría la gobernanza de la IA, mientras la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) atendería la protección de datos personales, los derechos del consumidor y la competencia económica.
Según Ser Colombiano, Perú y El Salvador ya cuentan con legislación de IA aprobada, Brasil tiene un proyecto aprobado en el Senado, Chile se encuentra en segunda instancia constitucional y México ha propuesto una autoridad nacional especializada. El avance del proyecto colombiano lo ubica entre los países con mayor actividad regulatoria de la región.
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